Eje Conurbado
Una iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados busca otorgar el rango de «materia de salubridad general» a la prevención y atención de la ludopatía (trastorno por juego), con el objetivo de obligar al Estado mexicano a garantizar el diagnóstico, tratamiento y prevención de esta adicción a nivel nacional.
La propuesta, impulsada por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), reforma los artículos 3° y 73 de la Ley General de Salud para reconocer formalmente la ludopatía como un problema de salud pública que requiere una respuesta estructurada y especializada.
Intervención Obligatoria del Estado
De ser aprobada, la reforma establecería dos cambios fundamentales en el marco legal sanitario del país:
Reforma al Artículo 3° (Salubridad General): Al incluir la ludopatía en este artículo, se obligaría al Gobierno Federal y a las entidades federativas a coordinar y ejecutar acciones para su prevención, diagnóstico y control, elevando su estatus al de otras adicciones y enfermedades prioritarias.
Reforma al Artículo 73 (Salud Mental): Se añadiría la ludopatía como una materia específica de atención dentro de los programas de salud mental y adicciones del Sistema Nacional de Salud. Esto implicaría que las instituciones públicas deben brindar acceso a servicios de atención integral y continua, fortaleciendo las capacidades del personal médico y psicológico para tratar este trastorno.
El Argumento de la Iniciativa
La Exposición de Motivos de la iniciativa subraya que la omisión de un reconocimiento y tratamiento oportuno de la ludopatía genera consecuencias graves en la salud mental, emocional y económica de los individuos, afectando de manera acumulativa a sus familias y a los sistemas de salud pública.
Según la legisladora, este reconocimiento permitirá:
Garantizar el acceso a tratamientos integrales.
Fortalecer las capacidades del personal médico y psicológico.
Establecer programas permanentes de rehabilitación y acompañamiento.
La propuesta busca, en esencia, dar una respuesta eficaz a un fenómeno que, si bien puede ser silencioso, representa una amenaza directa para la salud mental y la cohesión social, conforme a los criterios técnicos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y posterior dictaminación.
