Eje Sur/Víctor Hugo Martínez

La prohibición de los vapeadores ya es ley y el discurso oficial insiste en que el objetivo es proteger la salud de niñas, niños y jóvenes. Hasta ahí, el consenso es amplio. El problema no está en la intención, sino en la forma en que se decide ejercer el poder.

El diputado Ricardo Monreal dijo al respecto, “La ley, entiéndase bien, no criminaliza el consumo ni la posesión individual. Es decir, si un joven está fumando ese cigarrillo electrónico, no tiene ningún problema; si trae dos cigarrillos en su cartera, tampoco tiene ningún problema de carácter penal o que se le detenga. La medida está dirigida contra el negocio.”

La postura es cómoda, políticamente correcta y -sobre todo- funcional para deslindar al Estado. El mensaje implícito es claro: prohibimos el negocio, pero no nos metemos con el consumo. Suena humanista; en la práctica, es una salida lateral.

Porque el punto no es si el joven trae uno o dos vapeadores en la bolsa. El punto es cómo llegaron ahí. Y justo ahí el discurso se queda corto, peligrosamente corto.

Si la ley prohíbe fabricar, distribuir, comercializar y publicitar, pero no toca el último eslabón visible, se genera un incentivo perverso: el mercado negro florece, el producto se encarece, su calidad se degrada y los riesgos se multiplican.

Ya lo vimos con el huachicol, con los medicamentos falsificados, con los cigarros pirata. La historia no es nueva; solo cambia el envase.

Hablar de “respeto a la individualidad” en un contexto de adicciones, presión social y consumo adolescente es, cuando menos, ingenuo. La decisión no ocurre en el vacío: ocurre dentro de un ecosistema ilegal que la ley dice combatir, pero que el Estado rara vez logra desmontar.

Y ahí está la pregunta incómoda:
¿tiene el Estado la capacidad real para vigilar, decomisar, sancionar y sostener operativos permanentes?

Porque una prohibición sin músculo operativo no es política pública: es una declaración de buenas intenciones. La ley puede ser extensa y bien redactada, pero si el negocio sigue siendo millonario y de bajo riesgo para quienes lo controlan, el cuidado de la salud de los jóvenes queda reducido a retórica legislativa.

La prohibición se queda chica frente al tamaño del mercado.
Y cuando eso pasa, no se protege a los jóvenes: se les empuja a consumir peor, más caro y más peligroso.

Ese es el hueco donde siempre falla el Estado: entre la norma y la realidad.