Eje Sur/Víctor Hugo Martínez

La iniciativa de la diputada local de Morena, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, se presenta bajo el discurso de la “profesionalización”, pero abre una grieta inquietante en su diseño: más que ordenar al gremio, parece introducir un mecanismo de disciplina indirecta con efectos reputacionales.

Se propone un esquema de autorregulación donde un órgano “autónomo” emitiría extrañamientos públicos. 

En el papel suena a civismo ético; en la práctica, a sanción simbólica con consecuencias reales: no castiga legalmente, pero sí expone y marca.

La contradicción es evidente cuando se contrasta con el ecosistema de comunicación oficial. 

Cada mañana, en las conferencias del poder, desfilan personajes que han convertido el micrófono en tribuna de validación política, donde la libertad de expresión se ejerce, sí, pero en una sola dirección emocional: la del aplauso y la defensa automática del discurso oficial.

Voceros y figuras que indignan a una parte creciente de la sociedad no parecen sujetos a ningún “extrañamiento”, porque su función no es ser evaluada, sino reforzar la narrativa del poder. 

Esa asimetría es la que genera ruido: ética exigida hacia abajo, permisividad hacia arriba.

El problema no es discutir la ética periodística. El problema es quién la define y bajo qué simetría se aplica. Porque en contextos locales, un “extrañamiento público” no es un gesto neutro: puede convertirse en marca profesional, advertencia silenciosa o estigma duradero.

Si la vara ética va a exigirse al mensajero, ¿con qué criterio se mide a los legisladores? La profesionalización no puede ser una calle de un solo sentido.

Si el objetivo es elevar estándares, también debería exigirse transparencia sobre conflictos de interés, desempeño legislativo real y resultados verificables. No basta la producción de iniciativas ni la acumulación de reconocimientos, donde incluso el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, recibe elogios recurrentes.

La ética pública pierde sentido cuando se aplica de forma selectiva. Y cuando eso ocurre, deja de ser ética para convertirse en administración del discurso.

En ese espejo roto, la democracia no se apaga de golpe: se va empañando cada mañana, entre discursos oficiales, silencios selectivos y una libertad de expresión que parece tener horarios.