Una corte federal en Nueva York abrió un frente judicial contra 10 funcionarios mexicanos —en activo y retirados— acusados de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entre los señalados se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que sostiene que los implicados habrían facilitado operaciones del narcotráfico a cambio de beneficios económicos y respaldo político.

El caso fue dado a conocer por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, y quedó bajo la jurisdicción de la jueza Katherine Polk Failla.

Según el expediente, los acusados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.

Entre los nombres incluidos aparecen Enrique Inzunza Cázarez, Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.

En paralelo, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por presuntos secuestros relacionados con una fuente de la DEA y un familiar, casos que derivaron en la muerte de las víctimas.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton.

Añadió que “el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.

Mientras en Estados Unidos se formaliza la acusación contra el mandatario de Sinaloa, en México el Partido Acción Nacional (PAN) ha planteado señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado en torno al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.