Eje Sur/Víctor Hugo Martínez

Hay coincidencias que en política pasan desapercibidas… hasta que dejan de serlo.
Lo que hoy ocurre con Sinaloa y Tamaulipas no parte de una prueba concluyente ni de una investigación compartida.
No hay un documento que establezca una conexión directa entre ambos gobiernos. Sin embargo, hay algo más difícil de ignorar: una suma de hechos, tiempos y narrativas que empiezan a entrelazarse.

Por un lado, la acusación en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites entre poder político y crimen organizado, tras ser señalado por presuntamente brindar protección al Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

No es un tema nuevo, pero sí uno que ahora adquiere una dimensión distinta.

En contraste, el Partido Acción Nacional ha aprovechado ese mismo contexto para ampliar el foco y colocar bajo cuestionamiento a otros mandatarios, entre ellos el de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a quien ha señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado en el marco de sus críticas a los llamados “narcogobernadores”.

Hasta ahí, podría tratarse de un cruce más de acusaciones políticas. Pero hay un elemento que no puede pasarse por alto: la cercanía previa.

Durante el proceso electoral de 2021, Villarreal Anaya se desempeñó como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Sinaloa, donde tuvo un papel relevante en la operación política que acompañó la campaña que llevó a Rocha Moya al poder.

No es un dato menor. Habla de una relación política construida en el terreno electoral, de afinidad y de confianza dentro de un mismo proyecto. Por sí solo no prueba nada más. Aun así, en el contexto actual, deja de ser anecdótico.

En paralelo, Morena salió al paso de las acusaciones con un posicionamiento que apela a la defensa de la soberanía y al respeto al Estado de Derecho, además de cuestionar que las solicitudes de extradición carecen de elementos de prueba y señalar una presunta violación a la confidencialidad por parte de autoridades estadounidenses.

El problema es que ese tipo de respuestas, repetidas una y otra vez, terminan desplazando el fondo del debate.
Más que aclarar, encapsulan. Más que explicar, contienen. Y en ese cierre, el fondo deja de importar. Y en ese movimiento, la discusión deja de centrarse en los hechos para girar en torno al discurso.

Ahí es donde la conexión deja de ser territorial y se vuelve discursiva.

No se trata de afirmar vínculos que no han sido probados. Se trata de observar cómo, en medio de acusaciones, posicionamientos y defensas, los nombres, los contextos y las respuestas comienzan a coincidir.

Si los nombres, los tiempos y las respuestas coinciden demasiado, la sospecha deja de ser exageración. Se vuelve parte del problema mismo.