Eje Sur/Víctor Hugo Martínez

En los últimos años, en todo el mundo, la importancia del llamado oro azul es cada vez mayor. 

Sin embargo, el control sobre su uso empieza a ser factor clave en el desarrollo de un estado o una región, como ocurre con el conflicto que se lleva a cabo, casi en silencio, en goteo, entre los gobiernos emecista de Nuevo León y morenista de Tamaulipas.

Lo que en el papel se vende como un debate técnico por el agua del Río Pánuco, en la realidad es una descarnada guerra de banderas y capital político de cara a los procesos electorales.

Para ambos mandatarios, el caudal es el trofeo perfecto para colgarse una medalla ante sus respectivos electores.

El gobernador Samuel García sabe que la viabilidad del motor industrial de Nuevo León depende de asegurar el recurso. 

Mientras tanto, Agua y Drenaje de Monterrey apenas ha abonado 152 mil pesos de los 172.8 millones que adeuda a la Conagua por la cuota de garantía de la concesión del Río Pánuco.

Nuevo León tiene desde 2011 una concesión a 30 años para aprovechar el Río Pánuco, pero la Conagua ha exhortado al Gobierno estatal a cubrir el adeudo para evitar la caducidad de la concesión.

En la acera de enfrente, Américo Villarreal juega con la ventaja de la sintonía guinda.

Tamaulipas ya inscribió su propio proyecto en el Mecanismo de Planeación de la Conagua y sostiene que el plan regiomontano es inviable porque no tiene, ni tendrá, los derechos de vía para cruzar su territorio. 

La entidad tamaulipeca blinda su geografía y propone extraer su propia cuota hacia la Presa Vicente Guerrero.

Pero en medio de este ajedrez partidista quedan atrapados ciudadanos tamaulipecos y neoloneses, representantes de diversos sectores: agricultores, productores y empresarios, todos factores importantes en el desarrollo social y económico de ambas entidades.

Aquí chocan dos urgencias legítimas: la soberanía alimentaria del agro tamaulipeco, que ve con preocupación cualquier proyecto que pueda afectar sus distritos de riego, contra la seguridad hídrica de Nuevo León, indispensable para mantener encendida la maquinaria industrial y el empleo metropolitano.

Mientras la disputa política alrededor del líquido parece llevar agua a sus respectivos molinos electorales, las comunidades ribereñas y los sectores productivos observan con incertidumbre cómo el recurso más vital de todos se convierte en una valiosa moneda de cambio político.

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