La Agencia Aduanal Benito Abad y Compañía, cuyo dueño, del mismo nombre, hoy es prófugo de la justicia, recibió pagos por 5 millones 383 mil 800 pesos de Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, dentro de la estructura de sobornos y “honorarios” que, de acuerdo con información ministerial, permitió introducir a México hidrocarburo de contrabando.
Blanco Cantú, también identificado como Roberto Brown, es señalado por su presunta participación en la posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos mediante su sociedad con Mefra Fletes, empresa dedicada al traslado de hidrocarburos desde Texas.
El empresario, originario de Matamoros y actualmente prófugo, es señalado como presunto operador de una estructura que utilizaba buques tanque para introducir combustible al País.
Millones en pagos
Héctor Manuel Portales Ávila, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y ex apoderado de una de las empresas que prestaron servicios a Blanco, entregó a la dependencia una relación de pagos que suma 69 millones 466 mil 200 pesos entre 2024 y 2025.
De acuerdo con información ministerial, durante 2024 fueron repartidos 24 millones 807 mil 800 pesos, mientras que en 2025 los pagos alcanzaron 44 millones 658 mil 400 pesos.
Según Portales Ávila, una pieza clave de “El Señor de los Buques” en su relación con puertos y agencias aduanales era Osvel Tudón Rojas, quien coordinaba los embarques desde Estados Unidos y recolectaba el dinero destinado a los sobornos.
Tudón fue detenido por la Marina el mes pasado en Tampico, pero quedó en libertad horas después debido a que no contaba con una orden de aprehensión. Se desconoce si llegó a un acuerdo de colaboración con las autoridades.
Pagos en la zona portuaria
Según el testimonio de Portales, entre el 19 de septiembre y el 4 de diciembre de 2024, Blanco Cantú pagó los 5 millones 383 mil 800 pesos a la Agencia Aduanal Benito Abad y Compañía.
En ese mismo periodo también entregó 2 millones 600 mil pesos a una agencia naviera, 6 millones 454 mil pesos en terminales portuarias, 7 millones 370 mil pesos en la Administración Portuaria Integral (API) y 3 millones de pesos por concepto de honorarios.
El caso coloca nuevamente a Tampico y Altamira dentro de las investigaciones sobre la estructura relacionada con el llamado huachicol fiscal.
Únete a nuestro canal de WhatsApp Aquí