El Gobierno del Estado de Tamaulipas emitió un posicionamiento oficial de deslinde tras las sanciones administrativas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra una red comercial asentada en Nuevo Laredo vinculada al Cártel del Noreste (CDN).

No obstante, la investigación federal estadounidense detalla que la organización criminal operaba mediante un complejo entramado de triangulación y subcontratación de obra pública para eludir los controles gubernamentales.

A través de un comunicado, la administración estatal confirmó que concluyó una revisión en los registros de la actual gestión, afirmando que «ninguna de las personas físicas, ni las once empresas señaladas, ha celebrado contrato alguno con el Gobierno del Estado de Tamaulipas desde el 1 de octubre de 2022», fecha en la que inició el mandato del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Como medida cautelar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ordenó a todas las dependencias estatales «impedir cualquier inscripción, adjudicación o contratación con las personas físicas y morales designadas».

La acusación de Washington: Financiamiento con el erario municipal

A pesar del deslinde del Ejecutivo estatal respecto a sus padrones directos, el expediente oficial SB0656 del Departamento del Tesoro sostiene una mecánica operativa que precisamente evadía las auditorías lineales mediante el uso de intermediarios y empresas fachada.

De acuerdo con el documento emitido por Washington, el cartel «utiliza su control sobre el área de la franja fronteriza para dirigir corruptamente contratos públicos hacia empresas de construcción e inmobiliarias controladas por el CDN». 

El gobierno estadounidense acusa textualmente que esta maniobra permite a la organización «financiar sus actividades delictivas en gran parte con fondos públicos estatales y municipales».

El esquema de subcontratación

La investigación de la OFAC detalla que el presunto operador de la red, Gamaliel Garza García, utilizaba a su principal firma constructora, CEGESA (Construcciones y Edificaciones Garza Elías), para canalizar dinero en efectivo a campañas políticas a cambio de la asignación de infraestructura.

El informe de los Estados Unidos cita textualmente el modus operandi posterior a la obtención de los contratos: «Una vez adjudicados los contratos a CEGESA, Garza García subcontrataba las obras públicas a personas afiliadas al CDN».

Para cerrar el círculo de simulación comercial e integración vertical del fraude, Garza García incorporó la firma COPASA (Concretos y Productos Asfálticos del Norte). Según la OFAC, el esquema operaba de tal manera que las empresas subcontratadas estaban obligadas a comprar de forma exclusiva los insumos a COPASA, consolidando un monopolio absoluto de la construcción en la plaza fronteriza.

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