La inclusión de agencias aduanales investigadas por presuntas operaciones de contrabando de combustibles en un documento de promoción del Puerto Norte de Matamoros generó una aclaración de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas (API), que negó tener facultades para autorizar a esos intermediarios a prestar servicios en la terminal.

En una carta, el director general del organismo, Gustavo Guzmán Fernández, explicó que la relación de 70 agentes aduanales incluida en una presentación realizada en Matamoros tuvo exclusivamente fines informativos y formó parte de la exposición sobre las condiciones de transición aduanera y las restricciones para mantener la operación del puerto.

La aclaración se produjo después de que se reportara que tres agentes aduanales incluidos en el listado oficial de octubre del llamado Puerto Norte también aparecen relacionados con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos vinculados con el contrabando de combustibles y la evasión fiscal.

Los nombres señalados son Hantulio Ordóñez Juárez, Víctor Carretero Zardeneta y María Cristina Cházaro Mabarak. Los tres figuran en el documento mediante el cual se promueve la terminal portuaria en desarrollo como «la nueva alternativa logística» del Golfo de México.

En su explicación, API Tamaulipas precisó que el listado estaba integrado por dos grupos: 14 agentes identificados como «con patente en Altamira» y 56 como «con patente en Matamoros».

El organismo sostuvo que la presentación no sustituyó los requisitos legales aplicables ni representó una autorización para que alguno de los agentes prestara servicios en esa sección portuaria.

Además, puntualizó que ni el Gobierno de Tamaulipas ni la propia API tienen atribuciones para otorgar patentes o autorizaciones aduaneras.

«El Gobierno del Estado y API Tamaulipas no tienen esas atribuciones», indicó Guzmán Fernández.

De esta manera, la administración portuaria delimitó el alcance de la información difundida en la presentación y se deslindó de cualquier interpretación que considere el listado como una habilitación oficial para operar en el Puerto Norte.

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