Eje Sur/Víctor Hugo Martínez
La muerte de Aranza, una niña de siete años, durante el operativo del 29 de octubre en Matamoros, en el que fue detenido el presunto líder criminal Axel Cárdenas Rodríguez, no puede reducirse a la expresión «daño colateral».
El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, utilizó esa frase. El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco sostuvo que no aplica en la investigación penal.
No es una discusión semántica: se trata de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Casi una semana después del operativo, la Secretaría de Seguridad Pública afirmó en un comunicado que el helicóptero realizaba labores de reconocimiento y repelió agresiones desde tierra.
Claudia Edith Pardo, madre de Aranza, contradijo esa versión: sostiene que su familia no disparó y que la aeronave continuó la agresión pese a que había niños en el vehículo.
El video difundido muestra a menores bajando de una camioneta; también se percibe el sobrevuelo de una aeronave y se observa a una mujer haciendo señas. La grabación, por sí sola, no identifica el momento del impacto ni acredita todos los detalles denunciados.
La Fiscalía informó que los estudios balísticos relacionaron el proyectil calibre 7.62 que mató a la menor con un arma larga que era transportada en el helicóptero de la Guardia Estatal.
En la aeronave viajaban cuatro elementos: el piloto y otros tres que portaban armamento reglamentario, tanto largo como corto. Aún falta establecer quién accionó el arma.
A la Fiscalía le corresponde reconstruir la secuencia: quién disparó, por qué y bajo qué órdenes y circunstancias. También debe examinar la planeación y supervisión del operativo, sin anticipar responsabilidades.
Hay otra pregunta necesaria: ¿qué preparación reciben los policías para decidir bajo presión cuando hay civiles en la zona?
La profesionalización no consiste solo en utilizar un arma o responder a una agresión.
Exige autocontrol, evaluación de riesgos y capacidad para proteger a quienes no participan en un enfrentamiento. Plantearlo no significa afirmar que hubo una falla de capacitación; esa dimensión también debe revisarse.
La Fiscalía tiene la responsabilidad de integrar la investigación con pruebas, no con versiones, mientras la Secretaría de Seguridad Pública debe colaborar y explicar lo que le corresponda.
La sociedad necesita resultados, no justificaciones anticipadas.
La muerte de Aranza exige verdad, investigación exhaustiva y responsabilidades si se acreditan.
La muerte de una persona, y menos aún la de una niña, no puede convertirse en una nota al margen de un operativo.
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