Eje Conurbado/Víctor Hugo Martínez
La protesta en la Avenida Hidalgo por parte de trabajadores sindicalizados de COMAPA Sur, en demanda de pagos adeudados, es solo el más reciente capítulo de una disputa de poder que tiene décadas de antigüedad.
Históricamente, se ha dicho que las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado en Tamaulipas han operado como una «caja chica» para el financiamiento discrecional del gobierno en turno, mientras que el Sindicato se ha atrincherado en Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) que garantizan su poder económico y político.
El apogeo de estas «canonjías» se consolidó durante las administraciones priistas de Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004) y Eugenio Hernández Flores (2005-2010). En aquellos años, las negociaciones contractuales dejaron tres botones de muestra que hoy son insostenibles para la salud financiera del organismo:
En aquellos años, las negociaciones contractuales consolidaron las siguientes cláusulas, las cuales representan el núcleo del poder sindical y han permanecido como cargas financieras insostenibles en los CCT de años recientes:
Jornada Reducida: El pacto de una jornada laboral de 40 horas a la semana, pero pagada como 56 horas (la llamada «jornada sindical»).
Prima de Antigüedad Elevada: El compromiso de pagar 16 días de salario por cada año de servicio en la prima de antigüedad, un costo exponencialmente superior a lo que marca la Ley Federal del Trabajo.
Control de Obras: La obligación de que toda obra realizada directamente por COMAPA sea ejecutada por personal sindicalizado, limitando la eficiencia y el control externo.
La Lucha de Poder: Del PAN a MORENA
La llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022) no desmanteló estas ventajas; el costo laboral se mantuvo, llevando a una gestión tensa y a problemas de liquidez que se evidenciaron al final de su sexenio, cuando se dejaron sin pagar retroactivos salariales de varios años.
El gobierno, encabezado por el morenista Américo Villarreal Anaya, heredó la misma estructura de gasto. La manifestación por adeudos de ayer, en plena época de aguinaldos, sugiere que la administración busca, posiblemente, «meter en cintura» o tomar el control total del organismo mediante la presión financiera, es decir, reduciendo la liquidez para forzar la negociación de las canonjías sindicales.
El comunicado de COMAPA Sur negando el adeudo de aguinaldos, a pesar de la protesta, es un claro intento de ganar la batalla de la narrativa frente a la opinión pública.
Sin embargo, históricamente, el mero cambio de partido en el control político no ha garantizado la erradicación de las prácticas de lo que popularmente se conoce como la «caja chica.»
El Usuario, la Víctima del Eslabón
Mientras la lucha de poder económico y político se libra en la Avenida Hidalgo o en las sombras, el organismo opera en condiciones precarias. COMAPA Sur y Altamira continúan ofreciendo un servicio de baja calidad caracterizado por:
Tarifas elevadas para intentar solventar una nómina insostenible.
Agua turbia y de mala calidad, reflejo de la falta de inversión en mantenimiento y modernización, que como suele pasar en tiempos de la cuatroté los que se fueron son los responsables.
Calles destrozadas por fugas o por obras mal ejecutadas y nunca reparadas correctamente.
Al final, la batalla por el control de la Comapa solo asegura un resultado: el usuario, quien paga puntualmente sus recibos, sigue siendo la víctima obligada de una infraestructura en ruinas y de un ciclo vicioso de privilegios que ningún gobierno se ha atrevido a romper.