Eje Sur/Víctor Hugo Martínez
Más allá de las posturas encontradas entre los padres de familia y directivos de la preparatoria “Francisco Medina Cedillo” y el Ayuntamiento de Tampico, sobre la desaparición del plantel educativo, lo único claro es la falta de oficio político y capacidad operativa de los funcionarios que rodean a la presidenta morenista, Mónica Villarreal Anaya.
Porque el fondo del conflicto no es —o no debería ser— si la escuela se queda o se va. Eso, al final, puede resolverse por la vía administrativa, jurídica o presupuestal. El verdadero problema es otro: cómo una decisión pública, previsible en su impacto social, terminó convirtiéndose en un incendio político innecesario.
Aquí hay una falla estructural. Decisiones mal comunicadas, torpeza política, ausencia de sensibilidad y nula operación. La escuela es el síntoma; el problema es el gobierno. O, más específicamente, quienes debieron anticipar escenarios, medir reacciones y construir puentes antes de lanzar la decisión al vacío.
No se trata de justificar los momentos agresivos, los tonos elevados o incluso las expresiones groseras que se escucharon de algunos padres de familia y en directivos del plantel. Eso no abona y tampoco se normaliza. Pero sí se entiende el origen del enojo: la defensa de un plantel icónico, con historia, identidad y arraigo que trasciende a Tampico. Cuando la gente siente que algo propio se decide sin consultarla, la reacción es visceral.
Del otro lado, la alcaldesa Villarreal Anaya ha intentado encontrar puntos de coincidencia. El problema es que ese esfuerzo parece llegar tarde.
La función de los responsables directos del tema de la preparatoria “Medina Cedillo” no es sólo reaccionar cuando el conflicto estalla, sino evitar que estalle. Y ahí aparece la responsabilidad por omisión.
No se acusa corrupción ni mala fe —hasta el momento—, lo que sí queda claro es la incapacidad. Falta de oficio político, de lectura del entorno, de anticipación.
Nadie en el equipo levantó la mano para decir: “esto puede salir mal”, “esto va a generar resistencia”, “esto hay que socializarlo antes”. Y cuando nadie prevé lo obvio, el error deja de ser individual y se vuelve colectivo.
Por eso la frase que se escuchó de una madre de familia resume todo: “nos hubieran tomado en cuenta”. No es un reclamo ideológico; es una exigencia básica de gobernanza.
Al poner el foco en “los funcionarios que rodean” a la alcaldesa, no se le confronta de manera directa, pero sí se instala una duda: ¿el problema fue la decisión o quienes la procesaron? ¿quién asesora, quién filtra, quién amortigua? En política, rodearse mal cuesta caro.
La pregunta final queda flotando, incómoda, inevitable: ¿cuántos conflictos más se van a administrar con improvisación antes de entender que gobernar no es sólo tener la razón, sino saber ejercerla?.