Eje Sur/Víctor Hugo Martínez

Anunciadas con bombo y platillo como una “exclusiva” durante el Foro LARPET en julio de 2025, las llamadas Gasolineras para el Bienestar fueron presentadas como la gran apuesta del gobierno de Tamaulipas para combatir el huachicol y ordenar el mercado de combustibles. 

La promesa incluía precios justos, control estatal y un nuevo modelo de vigilancia. Meses después, la promesa sigue sin convertirse en litros despachados.

De acuerdo con información oficial del propio gobierno estatal, el proyecto contempla 30 estaciones de servicio y una mayor vigilancia en los procesos de transporte, comercialización, distribución y venta del combustible. 

Incluso se reconoce que ya fue adquirida una primera gasolinera, con miras a ser cedida al gobierno del estado. El resto de las estaciones —ubicadas en municipios como Soto la Marina, Ciudad Victoria y Tampico— aprovecharían infraestructura ya existente, que sería adaptada y “revestida” con la nueva imagen corporativa.

En el papel, el plan suena ordenado. En la realidad, la producción política del proyecto —porque de eso se trata— ha sido baja. No hay fechas claras de operación, no hay estaciones visibles funcionando bajo ese esquema y no hay impacto tangible para el consumidor. 

El bienestar, por ahora, sigue siendo una maqueta.

La ironía es inevitable: esta baja “producción” ocurre en paralelo a uno de los episodios más delicados de los últimos años. 

El decomiso de huachicol fiscal ligado al buque Challenge Procyon, que arribó al puerto de Tampico en marzo de 2025, volvió a colocar a Tamaulipas en la mira nacional e internacional. 

Primero se habló de más de 10 millones de litros asegurados; hoy el SAT confirma que el barco transportaba 20 millones de litros de combustible ilegal. 

De no haberse perdido el cargamento, habría sido el aseguramiento más grande del que se tenga registro.

El contraste es brutal: mientras el discurso promete estaciones del bienestar, la realidad exhibe estructuras que permitieron —o no evitaron— el tráfico masivo de combustible ilegal. Una cosa anula a la otra.

Las Gasolineras para el Bienestar no están muertas, pero hoy existen más como narrativa que como infraestructura. Y en un estado marcado por el huachicol fiscal, las narrativas se evaporan rápido cuando no resisten el calor de los hechos.

Porque en Tamaulipas, el problema no es la imagen corporativa ni el número prometido de estaciones. El problema es que, mientras el combustible ilegal fluye, los proyectos oficiales siguen en fase vapor. 

Y el bienestar, una vez más, se queda en el anuncio.