Eje Conurbado
Un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento judicial para determinar nuevamente si el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, debe continuar sujeto a proceso penal por delitos contra la salud, al considerar que existieron violaciones al debido proceso y a las garantías de legalidad.
La magistrada Angélica Lucio Rosales, integrante del Tribunal Colegiado de Apelación de Nuevo León, dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado contra el exmandatario priista y devolvió el caso al Tribunal Colegiado de Apelación de Matamoros, Tamaulipas, para que emita una nueva resolución sobre su situación jurídica.
De acuerdo con la sentencia, la magistrada consideró fundados dos argumentos principales. El primero es que Yarrington fue procesado con base en confesiones y testimonios presentados únicamente en copias certificadas, las cuales forman parte de otras averiguaciones previas y no fueron recabadas dentro de la indagatoria específica en la que se le acusa.
Esta práctica, sostuvo la magistrada, contraviene la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual establece que los testimonios obtenidos en investigaciones distintas no pueden utilizarse como prueba para acreditar un delito si no fueron desahogados ante la autoridad jurisdiccional competente.
“El contenido de esos testimonios o confesiones no podía ser considerado como prueba válida dentro de la causa penal en estudio, pues nunca fueron rendidos ante el juez que conoce del proceso”, señaló Lucio Rosales en su resolución, al advertir que ello privó al acusado de la posibilidad de controvertir dichas pruebas.
El segundo argumento es que el tribunal de apelación de Matamoros omitió valorar dos pruebas de descargo ofrecidas por la defensa del exgobernador. Una de ellas es una carta del testigo protegido identificado como “Pitufo”, fechada el 16 de agosto de 2016, en la que afirma haber sido presionado por autoridades estadounidenses —entre ellas un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y un fiscal federal— para “declarar falsamente” en contra de Yarrington y del también exgobernador Eugenio Hernández.
La otra prueba es un documento de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se decreta el no ejercicio de la acción penal a favor de uno de los presuntos cómplices de Yarrington, al considerar insuficientes los dichos de los tres testigos protegidos para acreditar el delito.
La resolución no es definitiva, ya que la FGR aún puede impugnarla mediante un recurso de revisión que deberá resolver un tribunal colegiado de circuito. En caso de confirmarse el fallo, el expediente regresará al tribunal de apelación de Tamaulipas, que deberá resolver nuevamente si el exgobernador continúa o no bajo proceso, excluyendo los testimonios cuestionados y valorando las pruebas de descargo.
Tomás Yarrington fue detenido en abril de 2017 en Florencia, Italia, y extraditado en abril de 2019 a Estados Unidos, donde fue condenado a nueve años de prisión tras declararse culpable de lavado de dinero. El 9 de abril de 2025 fue deportado a México e internado en el penal del Altiplano.
Aun si el proceso por narcotráfico fuera cancelado, el exmandatario tamaulipeco permanecería en prisión, ya que enfrenta otros dos procesos penales en México: uno por delincuencia organizada y otro más por lavado de dinero.