Eje Conurbado

A partir de este viernes, México inicia una nueva etapa en su política de control de tabaco con la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Salud. Esta modificación legal prohíbe de manera definitiva la producción, comercialización, importación y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y cualquier sistema análogo en territorio nacional.

La reforma, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dota de facultades extraordinarias a la autoridad sanitaria para combatir el mercado de estos dispositivos. 

Las sanciones económicas para quienes infrinjan la normativa oscilarán entre las 100 y las 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa multas de entre $11,731 y hasta $234,620 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta; además de penas de prisión que podrían alcanzar los ocho años para quienes fabriquen o distribuyan estos productos.»

Según el nuevo articulado, la autoridad podrá realizar la verificación, aplicación de medidas de seguridad y la disposición sanitaria inmediata (decomiso y destrucción) de estos productos, independientemente de las acciones que emprendan otras instancias como aduanas o fiscalías.

Es importante destacar que la ley mantiene un enfoque administrativo y comercial. 

De acuerdo con el espíritu de la reforma, no se criminaliza al consumidor ni se sanciona la posesión para uso personal; el objetivo central es desmantelar la cadena de suministro y proteger la salud pública, especialmente de la población juvenil.

Con esta medida, las unidades de verificación sanitaria en estados como Tamaulipas podrán iniciar operativos en establecimientos comerciales y máquinas expendedoras para garantizar el cumplimiento de la ley, aplicando sanciones económicas que se han visto endurecidas en este nuevo marco legal.