La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que las ministras y ministros decidieron no utilizar los vehículos recientemente adquiridos por el Máximo Tribunal y que solicitarán iniciar el procedimiento correspondiente para su devolución o, en su caso, su reasignación a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos.

En un comunicado oficial, la Corte señaló:
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.

El Máximo Tribunal subrayó además su postura institucional en el manejo de recursos públicos.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.

La Corte añadió que, con el fin de precisar la información sobre este tema, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones del propio tribunal.

La decisión se da luego de tres días de críticas públicas por la adquisición de camionetas blindadas Grand Cherokee, con un valor aproximado de 3.5 millones de pesos cada una, revelada por Grupo REFORMA el viernes pasado.

Tras la publicación, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó, a través de la Secretaría de Gobernación, que el Poder Judicial aclarara la compra de los vehículos, señalando la necesidad de transparencia en el uso de recursos públicos.

De acuerdo con la Suprema Corte, si no es posible concretar la devolución de las unidades, estas serían destinadas a jueces que enfrenten situaciones de riesgo en el ejercicio de su función.

El Órgano de Administración Judicial sostuvo que la compra se realizó bajo el argumento de sustituir el esquema de arrendamiento por la adquisición directa, lo que, aseguró, representaría un ahorro de mil 098 millones de pesos.

La decisión de compra había sido avalada por el Comité de Gobierno y Administración de la Corte, integrado por el ministro presidente Hugo Aguilar, así como por las ministras Lenia Batres y Geovanni Figueroa.