El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó propaganda de aspirantes a cargos de elección popular en 27 entidades del país y ha recibido al menos 188 quejas o denuncias en 15 estados por presuntos actos anticipados de campaña.

Durante una sesión del Consejo General realizada el viernes pasado, el consejero electoral Arturo Castillo cuestionó la falta de acción del organismo frente al activismo político que ya se desarrolla en distintas regiones del país, particularmente en los estados donde habrá renovación de gubernaturas.

La discusión ocurre a unos días de que Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) inicien el registro de quienes aspiran a encabezar las candidaturas estatales bajo la figura de «coordinadores de comités de la 4T», mecanismo utilizado previamente por la coalición oficialista para definir a sus abanderados.

Castillo recordó que desde el pasado 27 de mayo se presentaron propuestas para emitir lineamientos que permitan regular este tipo de actividades anticipadas; sin embargo, el Consejo General aún no ha programado una discusión formal sobre el tema.

«Sigo creyendo que el Instituto Nacional Electoral está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo», afirmó el consejero ante sus colegas.

De acuerdo con los datos expuestos por Castillo, el INE ha localizado propaganda impresa vinculada con procesos internos en 23 estados del país. Además, identificó entrevistas en medios nacionales de ocho personas que expresaron públicamente su intención de competir por gubernaturas, así como 17 renuncias o solicitudes de licencia de funcionarios públicos en 11 entidades con el propósito de participar en las contiendas.

El consejero informó también que una vocalía ejecutiva del instituto presentó una denuncia formal ante las comisiones de Quejas y Denuncias y de Fiscalización.

A su juicio, el marco normativo vigente resulta insuficiente para atender el activismo político previo al arranque formal de los procesos electorales, pues limita la fiscalización anticipada y dificulta evaluar oportunamente el impacto de la promoción en medios de comunicación.