La bancada de Morena en el Senado alista una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que contempla penas de prisión de entre tres y siete años para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, elementos de la identidad gráfica institucional del Gobierno.
La propuesta comenzó a circular la noche del lunes y las comisiones dictaminadoras fueron convocadas para discutirla este miércoles, de acuerdo con el jefe de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, quien cuestionó el contenido de la iniciativa.
“Un país, que los hay en el mundo y muchos, en el que te meten a la cárcel por hacer una parodia o por hacer un meme, ese país es una dictadura”.
El legislador sostuvo que, aunque Morena argumenta que la modificación busca cumplir compromisos del T-MEC, existe un riesgo en su contenido.
«Hay una bola rápida, una trampa, hay gato encerrado», afirmó.
La controversia se concentra en la incorporación del Artículo 403 Bis, que establece penas de tres a siete años de cárcel y multas para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial de los tres órdenes de gobierno para inducir a error o engaño.
También plantean sanciones a proveedores de internet
De manera paralela, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados tiene previsto dictaminar una reforma que contempla sanciones de hasta 4 millones 692 mil pesos para proveedores de servicios de internet que omitan retirar contenidos modificados o alterados sin autorización, incluidos memes o imágenes generadas mediante inteligencia artificial.
El presidente de la comisión, el panista Miguel Ángel Salim, informó que buscan realizar modificaciones al dictamen para evitar confusiones y rechazó que la propuesta abra la puerta para sancionar memes.
La reforma plantea multas que van de 117 mil 310 pesos a más de 4 millones 692 mil pesos.
El debate ocurre mientras ambas propuestas avanzan por separado en el Congreso y generan cuestionamientos sobre el alcance que podrían tener las nuevas disposiciones para contenidos difundidos en internet.
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