Eje Sur/Víctor Hugo Martínez
La designación de Jesús García Repper como nuevo fiscal anticorrupción en Tamaulipas no es una sorpresa.
Es, más bien, la confirmación de un trayecto anunciado: un nombramiento que venía caminando desde hace semanas entre pasillos legislativos, acuerdos políticos y la lógica de un poder que suele anticiparse a sí mismo.
Lo interesante no es el nombre. Lo interesante es el contexto.
Porque en un estado donde la corrupción no es un rumor sino una sospecha recurrente -y donde la exigencia social de rendición de cuentas se ha vuelto una deuda histórica- la pregunta inevitable no es quién llega, sino qué tan lejos está dispuesto a llegar.
¿Tendrá García Repper el compromiso y el valor institucional para investigar a fondo actos de corrupción que puedan surgir en lo que resta del sexenio morenista encabezado por Américo Villarreal Anaya? ¿Podrá fincar responsabilidades sin mirar colores, amistades o trayectorias compartidas?
Ahí está el punto fino: el nuevo fiscal no llega desde fuera. Llega con antecedentes políticos, con vínculos previos, con una cercanía natural a un sistema del que fue parte desde antes del arranque formal de la actual administración.
Y aunque en el discurso institucional se presume que el nombramiento implica autonomía, la realidad tamaulipeca obliga a dudar: la independencia no se decreta, se demuestra.
Y como si el escenario no estuviera lo suficientemente cargado, el proceso legislativo dejó un detalle que no debe minimizarse: seis abstenciones.
En política, la abstención rara vez es neutral. Es un modo elegante de no mancharse, de no cargar el costo público de un voto directo.
Pero también es una forma cómoda de acompañar una decisión sin asumirla. Es decir: el abstencionismo suele ser un voto disfrazado.
Por eso, quienes optaron por esa postura deberán asumir su responsabilidad ante la ciudadanía.
Lo mismo aplicará para los diputados de Morena y aliados PRI y MC, quienes con su mayoría apoyaron la línea tirada desde palacio de gobierno.
Porque si mañana se destapan irregularidades y la Fiscalía Anticorrupción decide mirar hacia otro lado, el silencio legislativo de hoy será parte del problema de mañana.
El nuevo fiscal inicia con una obligación mayor que cualquier discurso: responderle a la sociedad, no al sistema.
Y en Tamaulipas, eso no es un reto menor. Es una prueba de fuego.